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13 octubre, 2019
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Desmenuzando “La Estafa Maestra” / Por Julio Gachuz Heras

Desmenuzando “La Estafa Maestra”

Por Julio Gachuz Heras

Foto: Infobae.com

Juan N. de unos 40 años de edad, tés morena, barba abundante, radicado en algún poblado muy distante de la capital oaxaqueña, él es el dueño de una empresa que gana contratos millonarios del Gobierno Federal, pero Juan N. no lo sabe, Juan, no tiene una empresa, no es millonario, él trabaja como conserje en una escuela primaria.

Una o varias historias similares lograron recabar los reporteros de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuando comenzaron a realizar una investigación por posibles casos de corrupción y desvios de recursos por parte de dependencias del Gobierno Federal, lo que a la postre llevaría el nombre de la Estafa Maestra.

El periodismo de investigación, ha dejado al descubierto algunos de los grandes actos de corrupción de nuestra clase política, ahí tenemos a “La Casa Blanca” como un buen ejemplo de ello, pero también está la maravillosa investigación de la “Estafa Maestra”, y el periódico Animal Político nos desmenuza, revisando todo el entramado de esta operación en un apartado especial.

Lo que debemos tener claro de inicio, es que la dichosa estafa no solo involucra a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles (quien ya ha sido cita a comparecer ante un juez), el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto adelanta que ya se investiga a una red de funcionarios y más de 50 empresas involucradas en desvios de recursos.

La investigación nos dice que el Banco Nacional de Obras (Banobras) también participó, cuando el ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo era su titular, y también Petróleos Mexicanos (Pemex) con Emilio Lozoya (faltaba menos), por nombrar solo algunos participantes.

Los investigadores de Animal Político y MCCI revisaron las cuentas públicas de 2013 y 2014 y detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, de ellos no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos se entregaron a 186 empresas, pero 128 de ellas no pueden ejercer dinero público por distintas irregularidades, como que no tienen personalidad jurídica u otras, aunque sea difícil creerlo, no existen.

El mecanismo que uso Javier Duarte, para llenarse los bolsillos con dinero de las arcas de Veracruz, se queda bastante corto, si lo comparamos con el usado en la estafa maestra, Javidu queda como un pillo nada más. Ya sabemos cuál es la historia de Duarte, el desvio de recursos públicos durante su mandato como gobernador de Veracruz entregándolo a empresas inexistentes, las dichosas empresas fantasma. Este fraude es mucho más sofisticado ya que los contratos no se dieron directamente a las empresas, primero se les otorgaron a algunas Universidades y estas las daban después a las empresas, según el reporte, por dicha triangulación, la universidad cobraba su comisión de mil millones de pesos.

El simple hecho de entregar contratos directos a empresas es una violación a la Ley de Adquisiciones, ya que ella obliga a diferentes empresas a competir, por ello los creadores de la de la estafa sabían que, si las dependencias entregaban los contratos a universidades seria permitido, siempre y cuando la universidad realizara cuando menos el 51 por ciento del servicio requerido. En este punto las universidades podrían subcontratar a otras empresas.

Los números son los siguientes; de las 186 empresas, 128 de ellas presentan irregularidades, el SAT declaró fantasmas a 11 entre 2014 y 2015, investigan a 9 más por lo mismo, 28 no tienen dirección, 44 de ellas no tienen registro en la Secretaría de Economía que es fundamental para constituir una empresa, 8 no están en las direcciones que declararon, 12 fueron desmanteladas una vez que consiguieron los contratos, 6 se dedican a temas sin relación alguna para lo que fueron contratados y 10 no fueron encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando se buscaron  para revisar su legalidad.

Las universidades cobraron su comisión y contrataron a terceros para que realizaran todo el servicio, esta triangulación desde cualquier lado que se le pretenda ver, infringe la ley, muchas de las empresas al no estar constituidas legalmente no podían obtener contratos públicos, los consiguieron y algunas no realizaron el servicio contratado.

Empresas que no estuvieron en los domicilios que se registraron, algunas otras que se registraron en domicilios particulares, otros que no tienen ni infraestructura ni personal, gente común y corriente que no son dueños de empresas y mucho menos tienen contratos millonarios del Gobierno Federal, solo fueron engañados al firmar y crear una empresa.

Podríamos pensar que el esquema es solo de tres pasos Gobierno-Universidad-Empresas, pero en algunos casos participaron hasta 12 empresas, donde solo una o dos realizaron el servicio y las demás cobraron.

Con cientos de solicitudes de información a través de los portales de transparencia de las dependencias, con un arduo trabajo de 6 meses, de visitar los lugares donde dichas empresas operaban, después de muchas llamadas sin contestar, los investigadores de Animal Político y MCCI destaparon la cloaca de lo que por varios años fue un modus operandi que trabajo en la discrecionalidad.

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