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A PUNTO DE ESTALLAR CONFLICTO ENTRE TRANSPORTISTAS Y COMUNIDAD DE MAGUEY CENIZO EN TLAXCO

A PUNTO DE ESTALLAR CONFLICTO ENTRE TRANSPORTISTAS Y COMUNIDAD DE MAGUEY CENIZO EN TLAXCO

Víctor Rodríguez

TLAXCO, MAGUEY CENIZO – Una creciente tensión entre transportistas y la comunidad de Maguey Cenizo en Tlaxco ha llevado a un punto álgido, amenazando con un conflicto que podría afectar no solo a los involucrados, sino también a la prestación del servicio de transporte a estudiantes de la Escuela Militar de Tiro en la zona del 5to. Regimiento de Caballería Motorizada.

En una reunión celebrada en el acceso de la comunidad, los habitantes encabezados por el presidente DE COMUNIDAD, José Enrique Castro Romero, se encontraron con transportistas locales y foráneos para abordar las crecientes inconformidades. La disputa gira en torno al incumplimiento de acuerdos, la imposición de cuotas y la integración de nuevos transportistas sin el consenso del grupo.

El presidente de la comunidad, Castro Romero, señaló que la advertencia de impedir que realicen el servicio de transporte fue dirigida a unos pocos transportistas que se negaron a cumplir con los acuerdos previos. Sin embargo, el grupo inconforme respondió con unidad, amenazando con llevar el conflicto a procedimientos legales en otras instancias. El presidente de la comunidad expresó su disposición a escalar el conflicto, afirmando que la comunidad se rige por usos y costumbres.

En una entrevista exclusiva con este medio, Castro Romero explicó que el servicio de transporte se acordó con la base militar hace más de veinte años. A cambio de transportar a más de 1600 elementos cada semana, la comunidad otorga servicios como agua potable a las instalaciones, entre otros. Aseguró que el aumento de transportistas foráneos que ahora se niegan a cumplir los acuerdos establecidos ha generado la necesidad de solicitar la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para emitir una orden de desalojo judicial.

Por otro lado, los transportistas inconformes argumentaron que siempre han cooperado con las contribuciones económicas solicitadas y que el incremento actual no fue comunicado con anticipación. Señalaron que el pozo que se utiliza para abastecer las instalaciones militares es particular y pertenece a la familia de uno de los transportistas, de igualforma aclararon que la prestacion del servicio que se brinda desde hace 20 años la otorgaron los transportistas foraneos, no asi los locales.  Sospechan que el presidente de la comunidad y un grupo de personas intentan expulsarlos del servicio para dar paso a nuevos prestadores.

Señalaron que hay concesionarios con hasta 25 unidades a los cuales no se les exige la reducción de las mismas para dar paso a nuevos transportistas.

Expresaron que de esta situación, el presidente municipal de Tlaxco esta enterado, sin embargo ha hecho caso omiso para resolver las inconformidades, principalmente en relación a las altas cuotas que se les exigen las cuales ahora son de 150 pesos semanales y cada seis semanas 2 mil pesos mas 20 pesos de servicio de recolección de basura generada por los comerciantes locales, así como las acciones realizadas como el cierre de vialidades y amenazas por parte de Castro Romero que integran el cierre del servicio de agua potable a las instalaciones militares, olvidando que la infraestructura necesaria fue aportada por los transportistas, además de la falta de transparencia en el uso de los recursos y castigos sin lógica a los transportistas.

Este conflicto, que ya ha surgido en el pasado, llevó a las autoridades militares a transportar al personal hasta la cabecera municipal para evitar enfrentamientos en la comunidad. Aunque se resolvió anteriormente, el riesgo actual implica la posibilidad de suspender el transporte y optar por nuevas concesiones a plataformas digitales como UBER y PRONTO, o a líneas establecidas federales.

La reunión entre las partes concluyó sin acuerdos, y ahora la comunidad se enfrenta al riesgo de perder una fuente de empleo valiosa generada por las instalaciones militares. La falta de acuerdos y orden en la legalidad del servicio amenaza con afectar la tranquilidad y estabilidad laboral en la zona.

 

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