Desafíos y Manipulaciones en las Protestas Feministas: Entre la Genuinidad y los Intereses Políticos
La vorágine de violencia que ha marcado a México en las últimas dos décadas ha dado lugar a expresiones notables de descontento, especialmente por parte del sector femenino. Las marchas del 8 de marzo han destacado la precaria política de seguridad, aunque la fuerza inicial de estos grupos inconformes ha sido aprovechada por facciones con motivos ajenos a la igualdad de género.
Lo que empezó como una manifestación legítima se ha convertido en un instrumento para intereses políticos nacionales e internacionales, desviándose de su propósito original. Agresiones contra edificios públicos y personas mayores han sido ejecutadas por grupos financiados con el objetivo de desestabilizar gobiernos y municipios contrarios, en lugar de abogar por la igualdad de derechos.
El enfoque de algunas demandas, como la legalización del aborto, aunque legítimas, se mezcla con intenciones políticas de manipulación, eclipsando las genuinas preocupaciones de la sociedad. Los gobiernos se ven obligados a prepararse para mantener el orden en estas manifestaciones, considerando los antecedentes de protestas violentas en todo el país que han llevado a consecuencias humanas y económicas lamentables.
En este contexto, el gobierno del Estado ha publicado un protocolo de actuación respaldado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando garantizar condiciones adecuadas para manifestantes, periodistas y personal de seguridad pública. Es imperativo discernir entre las demandas legítimas y las manipulaciones políticas para construir un diálogo genuino sobre la seguridad y la igualdad de género en México.
Además, según datos estadísticos del INEGI, es importante destacar que el sector más afectado por la violencia en delitos de homicidio es el masculino. Alarmantemente, de cada cuatro asesinatos en el país, tres afectan a hombres, mientras que solo uno involucra a mujeres y otro a niños. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva integral, reconociendo las diversas manifestaciones que afectan a la sociedad en su conjunto. La equidad y la seguridad deben ser objetivos compartidos para construir un México más justo y seguro para todos.
Es esencial subrayar la importancia de investigar a fondo las verdaderas causas de la manifestación, basándose en datos reales en lugar de visiones personales o propagandísticas. Una comprensión profunda de los factores que impulsan la violencia y las protestas permitirá desarrollar soluciones más efectivas y abordar las preocupaciones legítimas de la sociedad de manera equitativa. Un enfoque basado en la evidencia es clave para construir políticas y acciones que aborden de manera efectiva las complejidades de la violencia en México, evitando caer en interpretaciones sesgadas o simplificadas.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE MANIFESTACIONES EN PRO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.
• El Protocolo asegurará los derechos, tanto de grupos de personas, colectivos y terceras, así como de personas integrantes de instituciones de Seguridad Pública.
• En su implementación, se privilegiará el dialogo como principal mecanismo de solución de conflicto.
• En la aplicación, queda proscrito el uso de las armas letales, utilizando únicamente equipo antimotin y de protección personal.
• En todo momento, las instituciones de Seguridad Pública actuarán apegadas a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
• Los cuerpos de seguridad se ajustarán también a los principios de igualdad de género, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
• La actuación policial buscará garantizar la seguridad de manifestantes facilitando su libertad de reunión, expresión, manifestación y protesta, aplicando el dialogo como forma de atención y solo como último recurso el uso de la fuerza de manera progresiva.
• Conocer las zonas de seguridad y ubicación de los servicios de emergencia para la protección de las personas participantes.
• Se procurará la seguridad e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que participen dentro de la manifestación, respetando en todo momento sus derechos y el desempeño de su labor o trabajo, salvaguardando su integridad personal en caso de tornarse violenta la manifestación.
• La intervención de los elementos de seguridad pública participantes deberá ser con estricto apego a los derechos humanos de las personas, con perspectiva de género y garantizando el derecho a una libre manifestación y libertad de expresión.
• Se implementarán estrategias de control y seguridad vial dentro de los recorridos de las manifestaciones, consistentes en acompañamiento a las personas manifestantes, cortes de circulación y trazabilidad de rutas alternas para el tránsito vehicular.
• En coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se establecerán medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada, y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad, para evitar que sean vandalizados o destruidos.
